Derecho a reparar avanza en Europa y Ley entraría en vigencia este mismo año

 

La Unión Europea  sigue avanzando en pos de la  implementación de   leyes que defienden el derecho a la reparación, con las últimas propuestas de respaldo por votación con respecto a la reparabilidad y agregando el requisito de que los fabricantes aumenten los períodos de garantía.

Las propuestas de legislación sobre el derecho a la reparación han estado trabajando en el proceso político de la UE desde 2020, pero un elemento importante ahora ha pasado una votación plenaria.

Según Public Affairs Bruselas, el Parlamento Europeo votó 509 a favor, tres en contra y 13 abstenciones para adoptar la propuesta de la Comisión Europea y convertirla en una iniciativa para este mismo año.

Es importante tener en consideración que  el 79 % de los ciudadanos de la UE cree que se debería exigir a los fabricantes que faciliten la reparación de dispositivos o la sustitución de piezas individuales y un  77% preferiría reparar sus dispositivos que reemplazarlos.

Las leyes propuestas incluyen un requisito para las empresas con respecto a «una extensión de la garantía legal más allá de dos años para algunas categorías de productos».

«Los períodos de garantía más largos proporcionarán un incentivo para elegir la reparación en lugar de la sustitución»

Marcel Kolaja, miembro del Parlamento Europeo y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Las propuestas del Derecho a Reparar en la legislación en el tercer trimestre de 2022.

SITUACIÓN EN CHILE

Al respecto, en Chile, una ley de esta índole sería impracticable de momento, pues los fabricantes cuentan con servicio de soporte oficial, pero no están todas las marcas y muchas de ellas solventan problemas técnicos por al menos un año, con una escasez constante de repuestos y por consiguiente, la demora en reparar un dispositivo tecnólogico a tiempo.

Del mismo modo, el 24 de marzo pasado recién entró en vigencia la extensión del plazo de garantía legal para todos los bienes y productos que se venden en el país, pasando de tres a seis meses, más allá del tiempo que cada fabricante ofrezca de manera independiente.

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