Dictamen de la Contraloría descarta bono a empleados públicos por gastos generados del teletrabajo bajo cuarentena

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Tras la determinación de la autoridad sanitaria de decretar cuarentenas para evitar mayor propagación de COVID19 en Chile, cuya máxima se produjo entre mayo y julio de este año, surgió junto con los cambios internos en la familia, el cómo se podría trabajar desde casa de manera permanente.

La realidad es que el país, como muchos otros no estaba preparado para hacerlo de manera constante, pues dejó al descubierto brechas y diferencias brutales de acceso a internet por ejemplo, y muchos trabajadores ni siquiera tenían un portátil con el cual conectarse a la oficina, además de ello, los hogares se vieron afectados por los “acomodos” internos para habilitar una sala normalmente habilitada para almuerzos en un escritorio.

Con ello, quedaron vacíos legales respecto de los derechos de los trabajadores, entre ellos determinar qué debería cubrir la empresa en términos de gastos básicos del empleado, pues quedándose en casa, subían gastos de luz y otros.

A raíz de ello, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recurrió a la Contraloría Nacional de la República para que dirimiese sobre este punto, tan sensible y discutido en los últimos meses, cuyo máximo organismo fiscalizador concluyó que no correspondía tanto a empleados públicos como privados recibir algún tipo de bono compensatorio por ello.

Tal como lo determina la Ley Nº21.220 de trabajo a distancia, ese establece que tanto el sector privado como público podrán acordar con el empleador asignaciones por concepto de gastos de internet, servicios básicos, etc, pero se establece que las cuarentenas aplicadas por COVID19 en el país se enmarcan dentro del concepto de “caso fortuito” por tanto no corresponde subvención alguna.

En el caso del trabajador del sector privado, como en la práctica sucedió, muchos de ellos lograron acuerdos vía sindicato o simplemente “sentido común” de ajustar por ejemplo el bono de colación o de movilización y entregarlo bajo el concepto de “gastos básicos” y el dictamen de la Contraloría da luces de que más allá de caso fortuito que se considere una pandemia, el país debe contar con una legislación moderna y actualizar la Ley de trabajo a distancia cuanto antes.

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